Washington, D.C. – En el Día Internacional de la Memoria Trans, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerda la grave situación de violencia y discriminación a la que las personas trans están sometidas. La CIDH urge a los Estados de la región a adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia y la exclusión social contra personas trans, así como para garantizar plenamente el acceso de las personas trans a sus derechos económicos, sociales, y culturales.
La CIDH reitera su preocupación ante los altos niveles de violencia en contra de las personas trans y ante la información recibida referente a la baja expectativa de vida de esta población en la región. Según los datos aportados por la sociedad civil, la mayoría de las mujeres trans que son asesinadas son menores de 35 años de edad. En relación a la situación de los hombres trans – un grupo muy invisibilizado – la CIDH ha recibido información sobre la violencia que sufren, la cual ocurre en diversas esferas, sobre todo el ámbito de la familia y en los sectores de salud y educación.
La CIDH señaló, en su informe sobre la "
Violencia contra personas LGBTI" , que “la violencia generalizada, los prejuicios y la discriminación en la sociedad en general y dentro de la familia, obstaculizan las posibilidades de que personas trans tengan acceso a educación, servicios de salud, vivienda y al mercado laboral formal”. La violencia, discriminación y estigmatización que las personas trans sufren las inserta en un ciclo de exclusión que tiende a culminar en la pobreza, en función de la falta de acceso a servicios básicos, oportunidades educativas y laborales y prestaciones sociales. Este ciclo de exclusión comienza generalmente desde muy temprana edad, debido al rechazo y violencia sufrida por niñas/os y adolescentes trans y de género diverso en sus hogares, comunidades y centros educativos. Esta situación tiende a impedir que este grupo acceda y complete los diferentes niveles educativos, lo cual impacta negativamente sobre su calidad de vida.
La Comisión observa que la exclusión y la pobreza suelen empujar a las personas trans hacia la economía informal y, especialmente en el caso de las mujeres trans, al trabajo sexual. De acuerdo a la información recibida por la CIDH, aproximadamente el 90% de las mujeres trans en Latinoamérica y el Caribe ejerce el trabajo sexual como medio de supervivencia, lo cual exacerba su vulnerabilidad a la violencia y las expone a la criminalización. La información recibida indica además que las mujeres trans que están involucradas en el trabajo sexual usualmente trabajan e incluso viven en las calles, donde enfrentan acoso permanente, persecución y amenaza constante de ser detenidas. De forma general, la CIDH observa que las personas trans, en función del cuadro de exclusión familiar, laboral y social que enfrentan, tienen serias dificultades para acceder a la vivienda.
La Relatora Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH, Soledad García Muñoz, afirmó: "Las políticas de reconocimiento que avanzan en la región, referidas por ejemplo a leyes de no discriminación, identidad de género, unión civil o matrimonio igualitario, deben suponer también avances en el acceso a los derechos a la educación, la salud, el trabajo, entre otras, tanto de las personas LGBTI como de sus familiares, sin discriminación. Desde la perspectiva de indivisibilidad de derechos, el progreso en derechos civiles debe expresarse en avances en el acceso a los DESCA”. Asimismo, la Relatora Especial señaló: "Es urgente avanzar en el reconocimiento de los derechos LGBTI en los países de América, en línea con la reciente Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia. Igualmente resulta urgente cerrar la brecha entre ese reconocimiento y el acceso efectivo a derechos en los países que ya han legislado en este sentido ".
Por otra parte, la Comisión resalta las dificultades que enfrentan las personas trans para acceder al sistema de salud y a transformaciones corporales de calidad y medicamente supervisadas, lo que le puede generar complicaciones de salud e incluso la muerte. Asimismo, la CIDH ha tomado conocimiento sobre la falta de capacitación del personal de salud para atender a las personas trans. El estigma, la discriminación, el abuso y la violencia disuaden a las personas trans de solicitar servicios de salud.
En este sentido, la CIDH recuerda, como planteado en su
informe preliminar sobre “Pobreza, Pobreza Extrema y Derechos Humanos en América”, que “la situación que afecta a algunas personas trans relegándolas a círculos de pobreza, exclusión y criminalización se exacerba por la inexistencia de normativas que permitan el reconocimiento de su identidad de género de forma sencilla, expedita y no patologizante, así́ como también por la falta de transversalización de la perspectiva de identidad de género en las políticas públicas de los Estados de la región, y la no adecuación de dichas políticas a las necesidades y diferentes realidades de las personas trans”. La Comisión reitera que los Estados tienen el deber adoptar normativas que permitan el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, sin forzar sometimiento a pruebas ultrajantes ni diagnósticos patologizantes.
El Comisionado Presidente Francisco Eguiguren Praeli, Relator sobre los Derechos de las personas LGBTI, expresó que “para lograr una inclusión integral de las personas trans en los diferentes ámbitos y disminuir las tasas de pobreza que les afectan, es necesario que los Estados redoblen esfuerzos en el diseño e implementación de políticas públicas que complementen el reconocimiento de la identidad de género”. Agregó además que “implementar políticas públicas específicas para asegurar que las personas trans tengan acceso, sin discriminación alguna y en condiciones seguras, al empleo y seguridad social, a la vivienda, a la educación y a la salud es una condición urgente para subsanar las brechas de desigualdad que las afectan y combatir la violencia que enfrentan”.
Por último, la CIDH recuerda que es deber de los Estados investigar con la debida diligencia los asesinatos y otros actos de violencia cometidos contra las personas trans, incluyendo la apertura de líneas de investigación que tomen en cuenta si los asesinatos fueron cometidos debidos a la identidad o expresión de género de la víctima, sancionar a las personas que resulten responsables, y reparar a las víctimas.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 185/17
Fuente:http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/185.asp
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